Ahora que la izquierda mundial se frota las manos y que, de camino, ha transfigurado al icono del antiimperialismo, George W. Bush, en su particular ídolo anticapitalista, debemos preguntarnos si esta nueva oleada de intervencionismo público y anti-liberalismo tiene mucho sentido.
El denominado “Plan Bush” de rescate de la banca norteamericana, si bien puede suponer un alivio para los banqueros, esos mismos a los que se llama una y otra vez “avariciosos sin límite” desde el púlpito de la ONU, probablemente suponga un tremendo golpe a la economía real, no solo de los EE. UU., sino de todo el planeta.
Porque lo que nadie cuenta sobre el “Plan Bush” es de dónde van a salir los 700.000 millones de dólares destinados a rescatar a la banca comercial del batacazo de los préstamos hipotecarios “subprime”. Todos hablan de los taxpayers –que son los contribuyentes, en castellano–, pero no se trata de realizar una colecta a lo largo y ancho del país. Para captar ese volumen de dinero, el Gobierno norteamericano tendrá que endeudarse por ese monto.
Poner en circulación la friolera de 700.000 millones de dólares de bonos del Tesoro estadounidense supone, sin lugar a dudas, que los inversores interesados en comprarlos van a exigir un alto porcentaje de rendimiento por esos bonos, es decir, una elevada tasa de interés.
Para empezar, subir los tipos de interés supone un serio varapalo para las empresas, a las cuales sus proyectos de inversión se les encarecen. Si las empresas no invierten, entonces no generan empleo y, si no se crean puestos de trabajo, la economía entra en recesión. Adicionalmente, está el problema de la falta de recursos disponibles en el sistema financiero, debido a que estos han sido canalizados hacia el Estado por medio de la deuda pública.
Ni que decir tiene que a un país como Costa Rica, esta situación afecta de forma muy negativa. De un lado, si los bonos del Tesoro norteamericano, que tienen máxima calificación para las agencias mundiales de rating –lo cual hoy puede significar bastante poco–, pagan intereses muy elevados, imagínense lo se verán obligados a pagar los de un país calificado como de “riesgo moderado”, como Costa Rica. El impacto tanto para las finanzas públicas como para los empresarios puede ser muy acusado.
Mención especial tiene la dificultad que conlleva para el país atraer inversión extranjera en esta situación. En un escenario de elevados tipos de interés de la deuda pública norteamericana y de recesión en EE. UU., difícilmente cualquier país de América Latina será atractivo para los capitales mundiales.
Otro aspecto que no se está considerando sobre el “Plan Bush”, es la verdadera necesidad de realizar este tipo de “rescate”, que más bien debería llamarse subsidio a los inversores de Wall Street. Fíjense que algunos bancos han aprovechado esta situación para hacerse con las denominadas “carteras sanas” –las que no tienen problemas derivados de los subprime– de los bancos en problemas, mientras que las “carteras contaminadas” las dejan para que sea el Estado el que asuma su recuperación. Este asunto no solamente es imputable a los bancos que están comprando, sino a los propios bancos en problemas que no quieren reconocer el poco valor de mercado de sus créditos con problemas.
Quizá debiera ser ahí en donde tengan que intervenir los Gobiernos en dejar claro que, si los directivos de los bancos que han generado esta crisis no quieren desprenderse de sus asientos, no será el contribuyente el que acuda a su “rescate”, ni mucho menos el que les siga pagando sus exorbitantes salarios.
Dicho lo anterior, lo que realmente no acabo de entender es la alegría contagiosa de la progresía mundial.
Publicado en el diario La Nación de Costa Rica.
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